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NOSOTROS

El Asesor Gubernamental es una entidad privada, constituida por profesionales de vasta formación y experiencia en la Administración Pública, en los niveles de gobierno Nacional, Regional y Local, así como en organismos autónomos, entidades de tratamiento empresarial y empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado.

La Misión del Asesor Gubernamental es la de Promover y fortalecer el desarrollo de la Administración Pública, a través del asesoramiento integral a directivos, funcionarios y servidores públicos, orientado a la mejor gestión institucional.

En procura de estos objetivos, el Asesor Gubernamental proporciona información legal y técnica sobre los Sistemas Administrativos Gubernamentales, completa, de inmediato acceso y actualizada permanentemente. También ofrece asesorías y consultorías, cursos de capacitación y aplicativos informáticos de supervisión y control; constituyéndose así en una valiosa herramienta para el administrador u operador de los Sistemas Administrativos, que le proporciona a éste el soporte necesario para una gestión eficiente, al igual que a todo funcionario público cuyas responsabilidades tengan relación con dichos Sistemas y para el ejercicio de las funciones de dirección, supervisión y control inherentes a las autoridades institucionales.

El Asesor Gubernamental ha sido creado por el Sr. José Castillo Chávez, profesional de reconocida trayectoria y larga experiencia en la Administración Pública y autor de diversos libros sobre este tema.

Parte de su experiencia y formación las expresa, por ejemplo, en los siguientes párrafos extraídos de su libro “Administración Pública” - Ed. 2006:

  • Sin ánimo de adentrarnos en un análisis detallado de la normatividad vigente para señalar la bondad o no de ésta, sí creemos necesario precisar que la cantidad de dispositivos legales que reglamentan los Sistemas Administrativos, produce un nivel de ineficacia en su aplicación, porque no es práctico pretender - pero legal y administrativamente sí y ésta es la espada de Damocles que pende por sobre cada uno de los administradores - que en cada operación se tenga presente, en la memoria y en la conciencia, todos los dispositivos y normas que corresponden aplicar, hecho que produce inevitablemente, o una imagen de ineficiencia por la demora que le ocasiona el tener que recurrir permanentemente al texto de las normas, o la ilegalidad provocada por un mecanismo natural de autodefensa para evitar transmitir esa imagen de ineficiencia.
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  • Como la normatividad es tan profusa, siempre existe el riesgo de la equivocación, y si el administrador se equivoca se pone en riesgo de recibir una sanción, situación que se ve exacerbada por la presión que ejercen los usuarios y directivos para que las operaciones se realicen con rapidez, porque en asuntos administrativos todo tiene el carácter de muy urgente, y, como respuesta natural, el administrador asume una actitud autodefensiva.

    Tiene que estar seguro de que la operación es correcta administrativa y legalmente; si lo presionan, emite informes explicativos, sobreviene la demora y se aplica la regla de oro de la administración pública: “No comprometerse”. Si es posible, no firma ningún documento, exige autorizaciones escritas a sus superiores para realizar cada operación, pretexta incumplimientos de otras áreas, se ciñe al pie de la letra a las disposiciones legales o internas, no aplica criterios técnicos y profesionales cuando éstos podrían variar la interpretación y alcances de determinadas normas,  no aplica su facultad discrecional, requiere consultas a los órganos rectores de los sistemas administrativos o a instituciones especializadas, todo ello para que, de encontrarse alguna deficiencia o error en determinada operación administrativa, responsabilicen a otros, menos a él. “Mejor no tomo una decisión o no firmo, que lo hagan otros”, es una actitud, a veces explícita a veces implícita, que subyace en el desarrollo cotidiano de las funciones del trabajador del Estado que desempeña funciones y responsabilidades en alguno de los Sistemas Administrativos. Y el factor más importante que motiva esta actitud, es el riesgo de la equivocación – y de la sanción subsecuente – por la gran cantidad de normas que se deben conocer y dar cumplimiento al momento de realizar una operación administrativa.
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  • En este esquema y resumiendo la experiencia que hemos vivido, tenemos el convencimiento – por otro lado, esperanzador – de que el administrador tiene la opción de transitar hasta el límite marcado por la tenue linea en donde acaba la legalidad y más allá de ella, se precipita a la ilegalidad: Al Filo de la Navaja.
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