Propuestas del “Asesor Gubernamental” sobre temas de la reforma del estado son tomadas en cuenta por el gobierno, políticos y técnicos

Desde el año 2004, el “Asesor Gubernamental”, a través de las diversas ediciones de su libro “La Administración Pública”, viene demandando la solución de algunos problemas importantes – o por lo menos acciones claras y efectivas para enfrentarlos – que, por sus nocivos efectos sobre la economía nacional, la moral pública y la pobreza y desigualdades sociales, han debido significar la más importante preocupación de los sucesivos gobiernos que han dirigido nuestro país, pero que, desafortunadamente, han sido dejados de lado, después de, en no pocos casos, haber anunciado espectacularmente durante las respectivas campañas electorales ”lucha frontal…”, “tolerancia cero a…”, “acabar con la…si resultan elegidos”, etc., para después, una vez elegidos, olvidar, también espectacularmente, la pobreza, la corrupción, la marginación, la ausencia de estado.

Es así que a partir del año 2004 – desde nuestro enfoque sobre los Sistemas Administrativos Gubernamentales - hemos señalado los problemas que, en este ámbito y en nuestra opinión, son de urgente solución,  y planteando algunas propuestas como:

- Independizar de los Pliegos y Unidades Ejecutoras, las acciones y operaciones de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Personal, trasladándolas a un Organismo del nivel central, manteniendo en aquellos los recursos necesarios mínimos para solventar gastos de menor cuantía y urgentes.

- Asignar a este Organismo del nivel central, la responsabilidad de procesar la información contable, realizar los pagos que correspondan, aprobar todas las acciones de personal y abastecer de recursos materiales y de servicios, a los Organismos del Gobierno Central e Instituciones Públicas Descentralizadas.
 
- Este Organismo debe reunir a personal de altas calificaciones técnicas, profesionales, morales, de personalidad y de experiencia y tener la autonomía suficiente como para no mediatizar sus responsabilidades.

- Revisión de la actual reglamentación  de los Sistemas Administrativos, orientada a su simplificación, viabilidad y verificación ex – post y por resultados.

- Crear un Centro de Capacitación de Administración Gubernamental, al que necesariamente deban asistir todas las personas que desarrollan funciones en cada uno de los Sistemas Administrativos.

- Este Centro de Capacitación, también desarrollará cursos modulares para Directivos y Funcionarios ajenos a los Sistemas Administrativos y será, así mismo, requisito para su designación.

Este requisito también alcanzaría a las autoridades regionales y locales elegidas por el voto popular.

- Establecer una instancia de fiscalización supra institucional a los informes de control interno realizados por Auditorías Externas y/u Órganos de Control Interno Institucionales, con ejemplares y suficientes penalidades, en caso de comprobarse ilegalidades y arbitrariedades.

- Desligar a los Órganos de Control Interno de las Instituciones de toda dependencia jerárquica con la Institución, y conformar las “Comisiones de Cautela” con Funcionarios ajenos a la Institución que se examina.

- Introducir en las leyes laborales una norma que establezca que un empleado público que denuncie un acto de corrupción en su institución, se hará acreedor a la “Inmunidad Laboral” en tanto se investigan los hechos por una instancia preliminar para no tener que dilatar la investigación y medidas correctivas que deban aplicarse. De comprobarse formalmente los hechos de corrupción, el empleado denunciante será ascendido por méritos (No sólo deben medirse los méritos en rendimiento, puntualidad y otros, sino también, y con mayor razón, las conductas ejemplares) y recibirá un premio de estímulo. De no ser cierta la denuncia y de comprobarse intencionalidad en ella, será objeto de sanción, excluido el despido.

- La presencia del Estado, trasladando los servicios del Estado a los lugares en los que no los hay. Las escuelas y maestros a su alcance, la atención de la salud a su lado, los registros, la administración de justicia junto a ellos, en los distritos, centros poblados, a lugares muy alejados de la urbe, grande o pequeña, en donde habitan grupos de pobladores dispersos, que se encuentran abandonados de la tutela del Estado. Porque a esos lugares ni siquiera llegan los políticos buscando votos en época de elecciones.

Tema: La lucha contra la corrupción

En este tema el “Asesor Gubernamental” planteó, entre otros, que el acto de corrupción siempre es conocido, directa o indirectamente, por empleados de la Institución en la que se cometen y que callan por temor, pero que si tuviera la certeza de que no va a ser objeto de las represalias y castigos castigo, denunciaría los actos de corrupción; y planteó la propuesta de crear un mecanismo legal que les dé esa certidumbre, como por ejemplo, introducir en las leyes laborales una norma que establezca que un empleado público que denuncie un acto de corrupción en su institución, se hará acreedor a la “Inmunidad Laboral” en tanto se investigan los hechos por una instancia preliminar para no tener que dilatar la investigación y medidas correctivas que deban aplicarse. De comprobarse formalmente los hechos de corrupción, el empleado denunciante será ascendido por méritos (No sólo deben medirse los méritos en rendimiento, puntualidad y otros, sino también, y con mayor razón, las conductas ejemplares) y recibirá un premio de estímulo. De no ser cierta la denuncia y de comprobarse intencionalidad en ella, será objeto de sanción, excluido el despido.

El día 22 de de Junio de 2010 se ha publicado la Ley Nº 29542, denominada “Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal”, que se pretende convertirla en un arma efectiva para afrontar uno de los problemas que más daño han hecho y hacen a nuestra aún frágil institucionalidad democrática y al país en general.

Dicha norma establece, entre otros: i. La prohibición de cesar, despedir o remover de su cargo al funcionario o servidor público que denuncie hechos arbitrarios o ilegales, ii. La confidencialidad de la denuncia, y iii. La Contraloría General como la entidad que recibe y evalúa las denuncias, para luego tramitarlas o derivarlas a otras instancias administrativas.

Si bien la finalidad de la Ley Nº 29542 recoge lo esencial de nuestra propuesta, cual es la de brindar protección al funcionario o servidor público que denuncie un acto de corrupción, creemos que las disposiciones contenidas en ella no constituyen medidas adecuadas para dicho efecto y que, por tanto – espero equivocarme –, no rendirán los frutos deseados.

Desde nuestra perspectiva, para que una medida de esta naturaleza tenga efecto debe reunir estas condiciones: I. Protección efectiva II. Ser cabalmente conocida por los funcionarios y servidores públicos de la institución a quienes, así, se les estimulará para convertirse en los guardianes de la moral pública; de otro modo, en forma “confidencial” o “secreta” no se logrará este resultado, y Ill. Resultados rápidos, sin desmedro de la justicia y equidad.

Ninguna de estas condiciones cumple la Ley Nº 29542, se mediatizan los resultados, se desenvuelve en un ambiente de “secretismo”. El hecho de que la Ley prohíba que el denunciante sea “cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia calificada y admitida” (Artículo 8º de la Ley Nº 29542), no garantiza que no lo sea por algún otro motivo, existente o no, además de no protegerlo contra otro tipo de represalias.

Por otro lado, la medida adoptada es insuficiente, pues la lucha contra la corrupción en este ámbito, debe ser afrontada también con medidas que alejen la administración de los recursos económicos y materiales de las cuotas de poder repartidas en las Instituciones del Estado, requisitos de formación y capacitación previa y durante el ejercicio del cargo, y acciones efectivas de control, propuestas que hemos planteado a lo largo de estos últimos años.

Asimismo, encargar a la Contraloría General la recepción y evaluación de las denuncias, para luego “tramitarlas a quien corresponda”, no es ninguna garantía de que efectivamente se produzcan los premios y castigos necesarios para crear y fortalecer un clima de seguridad y confianza en la lucha contra la corrupción. La Contraloría General de la República, por mandato de la Ley y la Constitución tiene la responsabilidad de asegurar la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. ¿Lo hace?. La Contraloría ya cuenta con suficientes normas y mecanismos de prevención y detección de actos de corrupción: Brigadas Ciudadanas como apoyo a las labores de control preventivo y vigilancia en las Entidades, Veedurías, Servicio de Atención de Denuncias, Reglamentos para la conducta y desempeño del personal de la Contraloría, Normas de Control en las Entidades, facultad sancionadora y un largo etcétera. Pese a esto, el resultado de la actuación de la Contraloría General en el campo de la erradicación de la corrupción pública resulta deficiente e intrascendente. Más aún, somos testigos de numerosos casos de hechos de corrupción evidentes, que, conociéndolos la Contraloría no actúa y los soslaya. ¿Por presión política?. ¿Por “amiguismo”?. ¿Por no enfrentarse contra el poder?. Vaya usted a saber. Lo único que sabemos, es que ha sucedido...y que seguirá sucediendo si todo sigue igual. Una salvedad: Al referirnos a la Contraloría, no estamos señalando a las personas que actualmente la jefaturan; nos referimos a la Institución, a lo largo de los años, desde que tenemos memoria y experiencias en este tema.

Sobre este tema, entre otros hemos dicho:

“Los Gobiernos que se han sucedido en los últimos años tampoco han logrado resultados: la corrupción pública sigue ahí, a veces se esconde, para luego reaparecer con más fuerza, pero siempre está ahí. Esperando la oportunidad. De pronto, un escándalo denunciado por la prensa provoca una reacción: con gran pompa y ropaje dramático, el Gobierno anuncia medidas, se dan, no se cumplen, se olvidan. Todo sigue igual.

Se han promulgado numerosas leyes con este propósito: La Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público, el Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Pública y de Remuneraciones del Sector Público,  la Ley Nº 27588 - Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, la Ley Nº 28024 – Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública,  el Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado,  entre otras. Todas ellas establecen deberes, prohibiciones y responsabilidades del empleado público y establecen sanciones de destitución y la denuncia penal correspondiente, para quienes los incumplan. Sinnúmero de inconductas transgresoras de estos  deberes, prohibiciones y responsabilidades, suceden a diario en la administración pública, unas más graves que otras, pero suceden. ¿Porque no se aplican estas leyes?. No lo sabemos a ciencia cierta, pero subsiguientemente ensayaremos una respuesta.

En el Gobierno actual se ha aprobado y publicado un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que sólo existe y se hace realidad en la mente de quienes lo idearon, se han creado organismos de lucha contra la corrupción que se cambian de nombre y luego se desactivan, se ha designado a zares (o zarinas) contra la corrupción que más tarde desaparecen, se toman acuerdos nacionales con representación de los partidos políticos y la sociedad civil (¿Existe el Acuerdo Nacional?), se forman Comisiones de Alto Nivel Anticorrupción intrascendentes. Resultados: cero. Hasta pareciera que todo lo que se hace fortalece la corrupción pública.

Si los sucesivos Gobiernos han actuado como corresponde (?), si se han dictado medidas y normas para combatirla, si existen organismos constitucionales cuyo deber fundamental es prevenir, detectar y sancionar estos hechos, si es preocupación nacional, si produce un enorme daño moral y económico al país, ¿porque subsiste aún la corrupción sin merma alguna y, más aún, se fortalece día a día?.

La respuesta obvia es: porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha tenido ningún efecto, ha sido ineficiente.

La pregunta – que fluye necesariamente de esta situación - es: ¿Ha existido voluntad cierta de luchar contra la corrupción y sus negativos resultados son producto de la ineficiencia del Estado o se ha utilizado el concepto “Gatopardiano” de “Cambiar para que nada cambie”?.

La Reforma del Estado implica necesariamente la lucha contra la corrupción:

LA REFORMA DEL ESTADO Y LA CORRUPCIÓN NO PUEDEN COHABITAR. FINALMENTE, UNA TERMINA DESTRUYENDO A LA OTRA.”

En lo referente a la lucha contra la corrupción, inscrito en el tema de la Reforma del Estado, el “Asesor Gubernamental” también ha planteado las siguientes propuestas:

- Independizar de los Pliegos y Unidades Ejecutoras, las acciones y operaciones de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Personal, trasladándolas a un Organismo del nivel central, manteniendo en aquellos los recursos necesarios mínimos para solventar gastos de menor cuantía y urgentes.

- Asignar a este Organismo del nivel central, la responsabilidad de procesar la información contable, realizar los pagos que correspondan, aprobar todas las acciones de personal y abastecer de recursos materiales y de servicios, a los Organismos del Gobierno Central e Instituciones Públicas Descentralizadas.
 
- Este Organismo debe reunir a personal de altas calificaciones técnicas, profesionales, morales, de personalidad y de experiencia y tener la autonomía suficiente como para no mediatizar sus responsabilidades.

- Revisión de la actual reglamentación  de los Sistemas Administrativos, orientada a su simplificación, viabilidad y verificación ex – post y por resultados.

- Crear un Centro de Capacitación de Administración Gubernamental, al que necesariamente deban asistir todas las personas que desarrollan funciones en cada uno de los Sistemas Administrativos.

- Este Centro de Capacitación, también desarrollará cursos modulares para Directivos y Funcionarios ajenos a los Sistemas Administrativos y será, así mismo, requisito para su designación. Este requisito también alcanzaría a las autoridades regionales y locales elegidas por el voto popular.

Hemos escuchado recientemente al equipo técnico de uno de los candidatos a la Presidencia de la república, proponer la reactivación de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, con lineamientos similares a los planteados por nosotros.

En nuestros libros, hemos impulsado la idea de crear un Centro de Capacitación de Administración Gubernamental, que desarrolle cursos modulares para Directivos y Funcionarios como requisito para su designación. Contenido importante de estos cursos versará sobre el desarrollo y fortalecimiento de los valores de la honestidad y del deber. Creemos que este es uno de los caminos.

Asimismo, la Sra. Cecilia Blume, destacada economista y ex asesora del Ministerio de Economía y Finanzas, en un artículo publicado hace unos días en el Diario Correo, planteó la propuesta de crear un Organismo del Estado que centralice todas las adquisiciones del sector público, lo que coincide, igualmente, con una de nuestras propuestas, con la finalidad de alejar de las cuotas de poder repartidas en las Instituciones del Estado, la administración de los recursos económicos y materiales del Estado.

Tema: La presencia del Estado

En el reciente debate técnico de quienes aspiran a la Presidencia de la República, hemos escuchado de uno de ellos el proyecto de implantar el servicio civil en la administración Pública, proyecto que se inscribe dentro de las propuestas del “Asesor Gubernamental”.

Sobre este tema entre otros, hemos dicho:

“Nosotros pensamos que el fin último del Estado es proporcionar bienestar a la sociedad en su conjunto y esta perspectiva alcanza a todos los peruanos y en todo el territorio nacional.

Nuestro país cumple este año 190 años como República independiente y hoy, como en ese entonces, grandes sectores de nuestra población viven en la misma situación de marginación y exclusión social, política y económica, los que, cual clarinada de alerta anunciando una conmoción social en ciernes, protestan constantemente y en forma beligerante, reclamando la atención del Estado.

Estos peruanos viven en situaciones inimaginables para muchos de nosotros, con economías por debajo del nivel de subsistencia, aislados geográfica, social y culturalmente, en territorios a veces inaccesibles y con climas extremadamente severos, sin servicios de salud, sin escuelas y…sin Estado.

En territorios de la selva central, existen poblaciones cuyo único alimento es el pescado que extraen de los ríos; que viven hacinados, hombres, mujeres, niños y animales, en un pequeño ambiente construido a una altura de 50 o 60 cms. del piso para protegerse de los animales ponzoñosos, de madera y techos de paja por donde se filtran las torrenciales lluvias propias de la zona; con sus niños explotados por seudo empresas que depredan nuestros recursos naturales, muchos de ellos sin tener la ciudadanía peruana aún, pues no tienen el Documento Nacional de Identidad; ocupantes precarios de las pequeñas porciones de terreno que ocupan, ya que no tienen título de propiedad, desnutridos, marginados.

En la sierra sur y central, la situación es similar, sobre todo en la primera; su economía también es de subsistencia; poseen pequeños terrenos que los miden por topos, que, con suerte les proporciona el alimento diario, de papa, maíz, olluco, principalmente, dos o tres aves de corral que les proveen de huevos y, en épocas festivas, de carne. Sus viviendas son pequeñas: un muro de barro y adobe o piedra de mediana altura llamado pirca delante de la vivienda que delimita un espacio en donde las aves, si las hay, pasan el día, para en las noches pernoctar en el interior de la vivienda que es un pequeño ambiente de unos 4 x 4 m. de área con una especie de tarimas de barro pequeñas y angostas  donde duermen hombres, mujeres y niños abrigados con piel de carnero; techo de ichu que no los protegen de las fuertes lluvias, un clima muy severo con el añadido de las “heladas”: un friaje muy fuerte que destruye sus pequeños sembríos. Las escuelas, donde las hay, quedan a grandes distancias, para llegar a las cuales los niños tienen que salir de sus casas a las 4 de la mañana y regresan ya entrada la noche. Muchos padres no quieren que sus hijos vayan a la escuela porque prefieren que ayuden a su madre o a él en sus tareas domésticas o agrícolas. También muchos de ellos no tienen la ciudadanía peruana por carecer del Documento Nacional de Identidad, también ocupantes precarios y también desprotegidos y marginados.

Los hechos descritos no corresponden a pobladores de las ciudades, llámense capitales de Provincia, capitales de Distrito e incluso algunos Centros Poblados. Corresponden a lugares muy alejados de la urbe, grande o pequeña, en donde habitan grupos de pobladores dispersos, que se encuentran abandonados de la tutela del Estado. Porque a esos lugares ni siquiera llegan los políticos buscando votos en época de elecciones.

Hemos tenido la oportunidad de conocer esta realidad directamente y lo que hemos dicho hasta aquí, no describe, por mucho, la situación de pobreza y exclusión en la que viven estos pobladores compatriotas nuestros.

El Estado de Bienestar al que aspiramos, para que lo sea, debe abarcar a todos los pobladores en todo el territorio nacional, no podemos sentirnos conformes si sólo nos alcanza a los citadinos.

Recordemos el  texto del primer párrafo del Artículo 44º de la Constitución Política del Perú:

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.”

Pero, ¿Qué hacer?. El problema está ahí y, cual bomba de tiempo, puede explotar en cualquier momento. La solución o, por lo menos, el inicio de ella, debe darse de inmediato.

Pensamos que la solución a esta situación depende de todos nosotros. Cada uno en el ámbito en el que se desenvuelve: desterrar la discriminación, ver y sentir a esos pobladores como seres humanos, como compatriotas. Sentirnos responsables por lo que les sucede a ellos. Y hacer por ellos lo que esté a nuestro alcance.

Sin embargo es al Estado es a quien le compete directamente la responsabilidad de incorporar a estos peruanos a la vida nacional, a su modernidad y oportunidades. Y, en nuestra opinión la herramienta más importante para lograrlo es la presencia del Estado en todo el territorio nacional. No visitas esporádicas, no regalos, la presencia real del Estado con todos sus servicios. Es lo que llamamos “LA REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD AL CAMPO”.

Esos pobladores no educan a sus hijos porque las escuelas quedan muy lejos y prefieren que los ayuden en sus faenas agropecuarias. Se enferman y sólo disponen del remedio de las plantas curativas que sus antepasados les legaron. Su extrema pobreza no les permite la nutrición que su organismo requiere. Si tienen un diferendo con otra persona sobre propiedades lo solucionan con el enfrentamiento y la violencia. No son ciudadanos porque no están inscritos en el Reniec. No tienen oportunidades porque están aislados de los centros urbanos, no tienen vías de acceso, comunicación, etc. Y son víctimas de la discriminación y marginación.

Con una visita esporádica de alguien del Gobierno, ya sea Nacional, Regional o Local, no se soluciona nada. Con promesas tampoco.

Desde hace algunos años venimos planteando nuestra propuesta para enfrentar esta situación, haciendo realidad la presencia del Estado en estos centros poblados: Trasladar los servicios del Estado a esos lugares. Las escuelas y maestros a su alcance, la atención de la salud a su lado, los registros, la administración de justicia junto a ellos. El concepto es poner al alcance de estos pobladores los servicios básicos del Estado, por etapas. Se puede empezar con un Plan Piloto en zonas determinadas por los expertos, con una inversión cuya magnitud no sea limitante para alcanzar los objetivos deseados, motivando a la Empresa privada para que participe también en esta reforma, la que ya ha dado señales de su deseo de participar en el desarrollo social y económico nacional.

Para ello, no sería necesario trasladar grandes contingentes de empleados y funcionarios a esos lugares. Este Gobierno, en algún momento anunció que el personal que resulte excedente luego de la fusión de entidades y programas, será reubicado. Se puede empezar con ellos previo adiestramiento y capacitación, porque irían con facultades para resolver, en el lugar, los problemas de titulaciones, litigios, registros y otros de la misma índole.

Técnicos y profesionales que, utilizando los recursos de la zona, los orienten, capaciten y ayuden en actividades productivas bajo formas empresariales, para mejorar su economía familiar, construyendo vías de acceso a los centros de comercialización más cercanos.

Técnicos y profesionales en salud que curen sus enfermedades, que los capaciten en prácticas saludables, nutricionales, preventivas de enfermedades, vacunaciones y que tengan los recursos necesarios para, en casos necesarios, trasladar a los enfermos a centros de salud mejor equipados, en forma rápida y expeditiva.

Construir en esos lugares escuelas unidocentes y con maestros capacitados, bajo una debida supervisión.

Todo ello bajo el soporte de la tecnología informática y de comunicación modernas, de tal manera que los registros, inscripciones, solicitudes y respuestas, consultas, etc., se realicen por esta vía. Ya existe la firma digital, los documentos se pueden enviar y recibir por medios electrónicos.

En el futuro se puede implantar la Carrera Administrativa Pública, que considere un esquema similar al que actualmente tienen la Fuerzas Armadas: en sus inicios el empleado público debe cumplir con prestar servicios en estas zonas y ser requisito para los ascensos y promociones.”

El “Asesor Gubernamental” continuará en su empeño de plantear estos problemas y las propuestas que considera ayudarán a solucionarlos, desde una perspectiva exenta de matices ideológicos y/o políticos, porque es consciente de que con ello sólo estamos demandando un deber primordial del Estado contemplado en la Constitución Política del Perú.